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ATENCIÓN POLICIAL A LAS VÍCTIMAS

NUEVO PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN POLICIAL DEL NIVEL DE RIESGO DE VIOLENCIA. EL RIESGO EXTREMO

NUEVO PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN POLICIAL DEL NIVEL DE RIESGO DE VIOLENCIA.  EL RIESGO EXTREMO

 

Como ampliación al anterior artículo sobre la estimación inicial de la situación de riesgo, conviene saber que el pasado 28 de julio de 2008 adquirió vigencia la Instrucción núm. 5/2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que modifica el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer.

La modificación del protocolo no supone ningún cambio en el proceso de valoración del riesgo ni en el de comunicación prevista con las Autoridades judiciales y fiscales que ya aparecía regulado en la Instrucción 10/2007 de la misma Secretaría de Estado. Lo novedoso es la incorporación de una nueva gradación del nivel de riesgo, el de riesgo extremo, y la adaptación de las medidas policiales de protección a esa nueva escala.

Así, el Sistema de Seguimiento Integral asignará automáticamente el nivel de riesgo “no apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”, y ese resultado deberá incluirse en el atestado instruido mediante la oportuna Diligencia de Evaluación del Riesgo, donde se harán constar, también, las medidas de protección adoptadas.

Ha de tenerse en cuenta que las medidas policiales de protección son de aplicación inmediata y dependen, obviamente, del nivel de riesgo de violencia obtenido. Para cada uno de ellos deberán adoptarse las medidas de protección que aparecen determinadas en el Anexo del Protocolo.

Cabe destacar, por cuanto implica en la operativa policial, que en los supuestos de riesgo extremo se establece de obligatorio cumplimiento la vigilancia permanente de la víctima hasta que las circunstancias del agresor dejen de ser una amenaza inminente y el control intensivo de los movimientos del agresor hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima.

 

 © J. Manuel Puya

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ATENCIÓN POLICIAL A LA VIOLENCIA ESCOLAR: EL BULLYING

ATENCIÓN POLICIAL A LA VIOLENCIA ESCOLAR: EL BULLYING

 

Aunque la violencia escolar puede presentarse entre desiguales, esto es, entre personal docente y alumnado, la forma más grave y frecuente es el acoso escolar entre iguales, conocido como bullying. Sin duda, los niños temen más a los compañeros que a los profesores.

El bullying es un fenómeno de abuso de poder, de acoso, malos tratos físicos, psicológicos o sociales que cursa con daños y consecuencias para todos los implicados. Se trata de un fenómeno de agresividad injustificada con mayor incidencia en la adolescencia, que se presenta con mayor o menor nivel de gravedad, pero que siempre es violento, y que cuando se mantiene de manera prolongada da lugar a un proceso de victimización.

En ocasiones puede resultar muy difícil distinguir cuándo se trata de un juego entre iguales, a veces entre amigos, y cuándo estamos ante acciones violentas que requieren la intervención de profesionales ajenos al centro educativo. Para ello ha de atenderse a la concurrencia de las características del bullying, especialmente:

  • La existencia de intencionalidad mantenida de dañar al otro.
  • El desequilibrio de poder físico, psicológico o social.
  • Que la agresión se presente de manera persistente en la dinámica relacional.
  • Y se produzca un daño psicológico, físico y moral a la víctima.

En general, el violento domina y somete por la fuerza a su víctima tratando de mantener, impunemente, su posición de poder, y aprovechándose de la tolerancia de los espectadores y de la imposición de la ley del silencio.

Desde el punto de vista policial es fundamental una actuación preventiva de proximidad. Ha de tenerse en cuenta que los niños no denuncian estos hechos, la mayoría los sufren en silencio, por lo que la información ha de obtenerse de los compañeros de colegio o del propio profesorado.

Una vez obtenido conocimiento de estas situaciones ha de procederse en consecuencia, teniendo especialmente en cuenta las variables edad del maltratador o maltratadores -menor o mayor de 14 años-  y condición de procedibilidad de las presuntas infracciones penales.

En cualquier caso, se dé cuenta o no a Fiscalía de Menores, habrá de requerirse la intervención de los servicios sociales y las autoridades educativas para que se adopten las medidas de atención y protección del menor que el caso requiera.



© J. Manuel Puya

POLICÍA LOCAL Y LA ESTIMACIÓN INICIAL DE LA SITUACIÓN DE RIESGO

POLICÍA LOCAL Y LA ESTIMACIÓN INICIAL DE LA SITUACIÓN DE RIESGO


La primera evaluación de la situación de riesgo de violencia doméstica y de género la realizarán los funcionarios que instruyan las diligencias. Así, en numerosas ocasiones será la Policía Local la que deberá realizar esta estimación inicial y deberá guiarse para ello por las directrices establecidas en la Instrucción 10/2007, de la Secretaría de Estado para la Seguridad, por la que se aprueba el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer.

Para llevar a cabo la estimación, tan pronto como los agentes instructores hayan recopilado información suficiente y contrastada, deberán cumplimentar el formulario de valoración normalizado (VPR) solicitando a los policías intervinientes, en su caso, los datos complementarios que precisen.

Cumplimentado el formulario, hasta tanto se disponga de acceso al “Sistema de Seguimiento Integral”, deberá trasladarse junto con una copia de las diligencias instruidas a las dependencias policiales (Cuerpo Nacional o Guardia Civil) que cuenten con el programa informático que permita determinar el nivel de riesgo para la víctima.

El Sistema emitirá un informe donde se concretará el nivel de riesgo para la víctima (no apreciable, bajo, medio o alto) y señalará las medidas policiales de protección aplicables al caso, diferenciando las medidas obligatorias de otras complementarias que sea aconsejable adoptar.

El nivel obtenido y las medidas de protección a aplicar deberán quedar reflejados en una Diligencia de Evaluación del Riesgo que se incluirá en el atestado para su remisión, junto con el informe emitido por el Sistema, a la Autoridad Judicial y Ministerio Fiscal que deban conocer del caso.

En todos los supuestos, deberá informarse a la víctima de las medidas policiales de protección que se acuerden y, de resultar procedente, proporcionarle consejo sobre las medidas de autoprotección que deba observar para su seguridad.

  

© J. Manuel Puya

 

VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

   

Entre  los  principios  rectores de la L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se destaca la coordinación de los recursos e instrumentos de todos los poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género. Y a tales efectos, en su artículo 31 dispone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán conforme al Protocolo de Actuación y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de la Violencia Doméstica y de Género.

Dicho Protocolo, cuando hace referencia a la fase de investigación policial, determina que desde el mismo momento en que se tenga conocimiento de hechos de violencia doméstica y de género, por su relevancia para establecer las medidas adecuadas de protección, habrán de realizarse acciones de averiguación para determinar la existencia y la intensidad de la situación de riesgo para la víctima. 

Para normalizar la práctica de tal diligencia, la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Instrucción número 10/2007, elaboró un Protocolo de Valoración Policial del Riesgo que pretende concretar el nivel de riesgo de violencia y las medidas que hayan de adoptarse en cada caso para asegurar la protección de la víctima.

Según el mismo, la estimación inicial de la situación de riesgo de violencia la realizarán los funcionarios que instruyan las diligencias y se ocupen de las investigaciones, quienes deberán realizar gestiones tendentes a determinar:  

  • Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima.
  • Las relaciones mantenidas con el agresor.
  • Los antecedentes del propio agresor y su entorno.
  • Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y del agresor.
  • La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la víctima al estatuto de protección concedido.

Con esta información ha de cumplimentarse un formulario normalizado disponible en el “Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género” al que se tiene acceso a través de la Intranet corporativa del respectivo Cuerpo de Seguridad, y cuyo programa informático determinará el nivel (alto, medio o bajo) de riesgo de violencia.

Está previsto que las Policías Locales se vayan integrando al Sistema de Seguimiento Integral en un proceso que deberá estar concluido en mayo de 2008. Hasta entonces, la evaluación del riesgo de violencia depende, desgraciadamente, del interés e iniciativa de cada Cuerpo policial para el establecimiento de protocolos y formularios de valoración que, de manera individualizada, permita conocer cuál es la medida de protección adecuada. 

  

© J. Manuel Puya

 

ADIOS AL "DERECHO DE CORRECCIÓN"

ADIOS AL "DERECHO DE CORRECCIÓN"


Como ya se vaticinaba, el Congreso de los Diputados terminó aprobando la modificación del artículo 154 del Código civil que elimina definitivamente cualquier posibilidad de que los padres puedan reprender a sus hijos mediante el castigo físico.

La nueva redacción sigue la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño y en su pretensión de evitar equívocos, determina que los padres y tutores han de ejercer su función educativa respecto de los hijos y pupilos, pero siempre respetando “su integridad física y psicológica”, y deja patente que el ejercicio de la patria potestad no puede amparar malos tratos de ningún tipo.

Así, a partir de ahora, parece claro que los padres no podrán “corregir” las conductas inapropiadas de sus hijos mediante el empleo de cachetes, bofetadas u otros castigos que menoscaben la integridad corporal o la salud física o mental de los menores.

A nivel social, los especialistas no terminan de ponerse de acuerdo. Hay quienes mantienen que la reforma es una exageración y una criminalización de comportamientos socialmente adecuados, mientras que para otros supone un cambio de mentalidad e implica una sanción más cultural que legal.

Desde el punto de vista policial el asunto no es baladí porque se trata de una infracción pública, perseguible de oficio, en la que no caben términos medios; si el comportamiento de los padres excede del legítimo ejercicio de la patria potestad estaríamos hablando de un delito de maltrato del artículo 153.2 CP, donde se prevén penas privativas de libertad de hasta un año o la inhabilitación para ejercer dicha potestad por tiempo de hasta tres años.

El debate está servido. 

  

© J. Manuel Puya

 

¿DERECHO DE CORRECCIÓN O MALTRATO INFANTIL?

¿DERECHO DE CORRECCIÓN O MALTRATO INFANTIL?


Todos tenemos claro que prácticamente todas las conductas de maltrato físico o psíquico que se producen en el ámbito de la violencia doméstica, en especial las que recaen sobre el cónyuge del agresor, sobre sus ascendientes, hermanos u otras personas con las que conviva, constituyen infracciones penales que pueden subsumirse en distintos tipos de delitos y faltas recogidos en nuestro Código penal.

Sin embargo, cuando estas conductas tienen por objeto a los hijos menores de edad, especialmente el castigo físico, las privaciones de libertad ambulatoria, las amenazas e intimidaciones, o el anuncio de males o castigos con el fin de obligar al menor a realizar determinados comportamientos, parece que se trata de prácticas normalmente admitidas en derecho.

La diferencia hay que buscarla en el ejercicio legítimo del Derecho de corrección que se otorga a los padres en el artículo 154 del Código civil y a los tutores en el 268 del mismo texto legal, respecto de los hijos y pupilos, respectivamente. Dice el primero de ellos que los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, "corregir razonable y moderadamente a los hijos."

Para determinar si un castigo, corporal o no, es razonable y moderado, habría que atender a las concepciones ético-sociales vigentes en cada sociedad. Parece esencial, por tanto, determinar y clarificar los límites entre lo que podría formar parte del llamado Derecho de corrección y lo que podría constituir un episodio claro de maltrato infantil.

Desde el punto de vista policial, estas prácticas domésticas producidas con el ánimo de corregir y que aparezcan adecuadas y necesarias al fin correcional, deben considerarse lícitas siempre que, además, se lleven a cabo con absoluto respeto a la integridad física y psicológica del menor.

En definitiva, el Derecho de corrección no puede amparar, en ningún caso, actos que ocasionen cualquier tipo de lesión o que, sin causar daños objetivos, se produzcan de modo habitual.

En tales supuestos estaríamos ante una infracción penal y habría que tener presente que los malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica, aunque sean constitutivos de simples faltas, son perseguibles de oficio, lo que implica el deber policial de proceder con el mero conocimiento de los hechos.

En cualquier caso, parece que la modificación de estos preceptos del Código civil, instada hace algunos años por Naciones Unidas y el Consejo de Europa, será una realidad más pronto que tarde. Ayer mismo, el Senado dio luz verde a la Ley de adopción internacional que también pretendía una nueva redacción de los mismos, aunque, lamentablemente, algunas enmiendas obligan a devolver el texto al Congreso de los Diputados que decidirá sobre su aprobación final.

 

© J. Manuel Puya

    

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LA MANIFESTACIÓN DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: (I) MEDIDAS PREVIAS

LA MANIFESTACIÓN DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO:  (I) MEDIDAS PREVIAS


La Instrucción 2/1998, de la Secretaría de Estado para la Seguridad, sobre adopción de medidas relativas a la prevención, investigación y tratamiento de la violencia contra la mujer y asistencia a la misma, ya disponía que deberá dispensarse a la denunciante un trato especialmente respetuoso y preferente, y que en aquellas dependencias policiales que cuenten con personal especializado será éste quien asista desde el principio a las víctimas de este tipo de violencia.

Parece necesario, por tanto, que en los distintos Cuerpos de Seguridad se potencie la presencia de funcionarios especializados en el tratamiento de la violencia doméstica y de género y que, además, estén especialmente formados en instrumentos e indicadores de valoración del riesgo.

En cualquier caso, se cuente con personal especializado o no, la intervención con este tipo de víctimas, de conformidad con el Protocolo de actuación de 28 de junio de 2005, deberá tener en cuenta, con carácter previo a la formalización de la manifestación de la víctima, tres medidas básicas: 

1. Asistencia sanitaria

Siempre que presente lesiones que lo precisen o no hayan sido aún atendidas, la atención policial habrá de estar necesariamente orientada a la procura de la adecuada asistencia sanitaria.

A tal fin, a la víctima deberá ofrecérsele la posibilidad de ser trasladada hasta donde se le pueda dispensar, y donde se recogerá el oportuno parte médico que se adjuntará a las actuaciones.

Si la víctima no deseara asistencia médica se harán constar detalladamente las lesiones que puedan observarse y, en todo caso, se le solicitará autorización para poder obtener fotografías de las mismas y adjuntarlas al atestado. 

2. Obtención de datos para valorar el riesgo

Se interesará la información imprescindible acerca de la situación actual de los hijos menores u otros miembros de la unidad familiar que puedan sufrir nuevas agresiones, de manera que nos permita hacer una valoración inmediata del riesgo en que se encuentran y adoptar las medidas policiales urgentes que cada caso requiera, incluyendo, siempre que proceda, la detención del agresor. 

3. Información del Derecho a la asistencia jurídica inmediata

Del mismo modo, con anterioridad a la formalización de la declaración deberá informarse a la víctima del derecho que le asiste a solicitar la asistencia jurídica especializada, inmediata y en su caso gratuita, o bien a designar un abogado de su elección para que le asista desde el primer momento.

Si la víctima lo solicita se requerirá la presencia del abogado perteneciente al Servicio de guardia, garantizándose en todo caso la asistencia, pero deberá informársele acerca de los requisitos para la obtención del beneficio de la justicia gratuita. 

  

© J. Manuel Puya

 

DERECHO A MOSTRARSE PARTE EN LA JUSTICIA DE MENORES

DERECHO A MOSTRARSE PARTE EN LA JUSTICIA DE MENORES


Nuestra norma procesal regula en los artículos 109, respecto del procedimiento ordinario, 771.1ª, en relación con el procedimiento abreviado, y 962.1 y 964.1 en los supuestos de faltas, la obligación de instruir del derecho que asiste a las víctimas, cita expresamente a ofendidos y perjudicados, para mostrarse parte en el proceso y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, disponiendo, además, que dicha información deberá realizarse en el mismo momento de recibirle en declaración.

En lo que respecta a las víctimas de menores, el artículo 4 de la Ley orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, modificado por L.O. 8/2006, de 4 de diciembre, determina que las víctimas y perjudicados tendrán derecho a personarse y ser parte en el expediente que se incoe a tales efectos.

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que a diferencia con la justicia de adultos, no todos los que se sientan perjudicados podrán ejercer este derecho. Según el artículo 25 de esta Ley reguladora podrán personarse en el procedimiento como acusación particular, exclusivamente, las personas directamente ofendidas por el delito, sus padres y sus herederos o sus representantes legales si fueran menores de edad o incapaces.

No son pocos los autores que han mostrado su extrañeza por que el precepto introduzca la condición de heredero como requisito para constituirse en acusación particular, dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo siempre ha distinguido el concepto de heredero del de perjudicado, afirmando que el derecho a la indemnización no es un derecho sucesorio, sino un derecho ejercitable "ex iure propio", de forma que la legitimación para percibir una indemnización no es de los herederos como tales, sino de los realmente perjudicados, ya que lo que se indemniza, sobre todo en los casos de muerte, son los perjuicios materiales y morales causados a la familia o a terceros. (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1997 y 7 de diciembre de 1998, entre otras)

Entre las facultades que se derivan de ser parte en el procedimiento de menores se encuentran la de ejercitar la acusación particular, la de instar la imposición de las medidas recogidas en la ley, tener vista de las actuaciones y notificación de las diligencias que se acuerden, proponer pruebas y participar en la práctica de las mismas, ser oído respecto de los incidentes del procedimiento, participar en las vistas o audiencias que se celebren y, entre otras, la de formular los recursos previstos en la ley.

El mismo artículo 4 de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores prevé que para que la víctima pueda hacer efectivo ese derecho, el secretario judicial le informará en los términos previstos en los artículos 109 y 110 LECri. No obstante, desde el mismo momento de la intervención policial, la víctima directamente ofendida por el delito y demás personas legitimadas deben tener información de las facultades que se derivan de ser parte en el proceso y de la probable tramitación del procedimiento, advirtiéndoles que habrán de esperarse a que el Ministerio Fiscal admita a trámite la denuncia y que, de estimarse, podrán solicitar la personación como acusación particular ante el Juez de Menores.

Ha de tenerse en cuenta también que con la redacción dada al citado artículo 25, que faculta al ofendido la presencia en el proceso cualquiera que sea la entidad y naturaleza de la infracción que se haya sufrido, se permite la personación en el proceso de las personas jurídicas, que podrán hacerlo ya no tanto con interés vindicativo sino con la finalidad de preconstituir prueba o conseguir una sentencia que le sirva para ser posteriormente indemnizada en la pieza de responsabilidad civil.

Finalmente, parece evidente que el ejercicio de la acusación particular implica la necesidad de personarse debidamente asistido por letrado y representado por procurador, instruyéndoseles, por consiguiente, de las posibilidades y procedimiento para obtener el beneficio de la justicia gratuita.

 

© J. Manuel Puya

ABRE TU PUERTA

ABRE TU PUERTA

Ese es el título del spot ganador del concurso de anuncios contra la violencia de género promovido por RTVE y que ha comenzado a emitir con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre, por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/54/134, de 17 de diciembre de 1999).

   

Nuestra enhorabuena a su autor, Andrés Chueca, excepcional creativo publicitario, que ha conseguido plasmar gráficamente el terror que experimentan las víctimas de este tipo de violencia, basada en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y dejar al mismo tiempo un mensaje esperanzador que poco a poco va calando en nuestra sociedad: "Cada día somos más los que queremos ayudar. Todos contra la violencia de género."

    


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